Son todas las personas naturales sin excepción alguna, tanto los pobres como los ricos; porque se paga impuestos desde la compra de un pan, hasta la compra de un automóvil o de cualquier otro de los bienes y servicios necesarios para sostener cualquier nivel de vida.

En efecto, no hay contribuyentes individuales más importantes, ni menos importantes; por cuanto los pobres pagan de lo poco que tienen para sobre vivir, solamente pueden dejar de hacerlo, el día que no comen o no pueden comprar nada. Mientras que los ricos pagan más, pero no sacrifican sus necesidades vitales.

Son todas las empresas con fines de lucro constituidas con personería jurídica; quienes pagan lo mismo que los contribuyentes individuales y generalmente mucho más.

Tampoco es razonable considerar contribuyentes corporativos más importantes, ni menos importantes; cada quien paga en proporción directa a la magnitud de su patrimonio, volumen de operaciones y niveles de rentabilidad. Los pequeños hacen denodados esfuerzos para cumplir con sus obligaciones tributarias.

En cualquier sociedad del mundo civilizado, dentro de los principios universales de justicia y equidad; toda obligación genera un derecho y todo derecho genera una obligación.

Esta relación justa y equitativa; equivale a una fórmula matemática, que bien podemos llamar: El Binomio Obligaciones y Derechos. La aplicación correcta de esta fórmula a nivel país, permite el acceso a la convivencia pacifica, sustentada en la justicia social.

En condiciones normales, no puede subsistir un elemento sin el otro; el desequilibrio entre los dos elementos de esta fórmula, constituye una aberración social inadmisible, con consecuencias catastróficas para un país visto como nación, cuyos resultados son ampliamente conocidos como injusticia social.

En el caso del Perú, los resultados del desequilibrio entre los elementos del Binomio Obligaciones y Derechos en el universo de contribuyentes llamado pueblo, están a la vista de todo el mundo; reflejados en un país empobrecido, con altos índices de pobreza extrema, desocupación masiva, injusticia social y legal e inseguridad ciudadana. Estos resultados son patéticos considerando el tiempo transcurrido de 185 años de vida republicana.

Los contribuyentes tienen la obligación de pagar impuestos, contribuciones y tasas; con la finalidad de acumular un fondo destinado a cubrir el costo del Servicio de Administración del Estado, denominado también Servicio de Administración Pública, correspondiente al nivel central, regional y local. Sin este fondo no puede subsistir el Estado como organización al servicio del país.

En el Perú, los contribuyentes están sometidos en forma coercitiva al cumplimiento de sus obligaciones. Si se demoran en pagar o no lo hacen, son sujetos de severas sanciones, que van desde multas, moras, embargo y remate de sus bienes, hasta la privación de su libertad, en el caso de evasión tributaria.

Dentro del esquema del Binomio Obligaciones y Derechos; los contribuyentes por el solo hecho de que asumen el costo del Servicio de Administración del Estado, tienen el legítimo derecho a exigir buena calidad y resultados exitosos del servicio por el cual están pagando.

En el Perú, lamentablemente los contribuyentes no ejercen sus legítimos derechos que se derivan del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El sistema imperante, desde el inicio mismo de la era republicana en 1821 hasta este tiempo, mantiene al universo de contribuyentes peruanos sin ningún mecanismo eficaz que les permita exigir buena calidad de los servicios por los cuales están pagando.